Sin embargo, la oposición mantiene una postura crítica.

El senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta, acusó al Gobierno de querer imponer una "dictadura fiscal". Según Cabrales, el Ejecutivo presenta un presupuesto inflado con la intención de que sea rechazado para luego aprobarlo por decreto, una figura que le permitiría manejar los recursos con mayor discrecionalidad. La oposición ha propuesto un recorte de hasta 40 billones de pesos, argumentando un aumento desmedido en los gastos de funcionamiento y burocracia, que según ellos ha crecido un 74%, mientras la inversión solo un 27%.

El Gobierno defiende el presupuesto como una herramienta para financiar sus prioridades: economía popular, programas sociales, transición energética y paz.

La discusión se perfila como un choque entre la visión de gasto social del Ejecutivo y las exigencias de austeridad fiscal de la oposición, en un ambiente de desconfianza y con plazos constitucionales estrictos.