El Congreso de la República inicia el debate sobre una ambiciosa reforma tributaria, denominada Ley de Financiamiento, con la que el Gobierno de Gustavo Petro busca recaudar 26,3 billones de pesos para financiar el presupuesto de 2026. La iniciativa, radicada el 1 de septiembre, genera una profunda división política por su impacto en sectores clave de la economía y en el bolsillo de los ciudadanos. El proyecto, que se discutirá en las comisiones económicas conjuntas, es defendido por el Gobierno como una medida progresiva y necesaria para la estabilidad fiscal del país. El presidente Petro aseguró que la reforma "va hacia los más ricos del país" y desmintió que se fueran a gravar productos de la canasta familiar. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la propuesta se enfoca en personas naturales de mayores ingresos y busca desestimular el consumo de energías fósiles. Entre las medidas más destacadas se encuentran el aumento gradual del IVA a la gasolina y al ACPM hasta el 19 %, un incremento del IVA para licores y vehículos híbridos, y nuevos impuestos para juegos de azar en línea, actividades comerciales de las iglesias y boletas de espectáculos de alto costo.
Sin embargo, la propuesta enfrenta una férrea oposición.
Gremios como Fenalco y AmCham Colombia la han calificado de "aberrante" y una "bomba de tiempo". Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, afirmó que la reforma "busca resolver el desequilibrio fiscal no con eficiencia en el gasto, sino extrayendo aún más recursos de los ciudadanos y del sector productivo". La oposición en el Congreso, liderada por figuras como el senador Efraín Cepeda, argumenta que la iniciativa golpeará a la clase media y frenará la inversión en un año preelectoral. El expresidente César Gaviria la calificó como "un golpe directo a los pobres", mientras que el exministro José Manuel Restrepo la tildó de "inoportuna, innecesaria e inviable". La falta de ambiente político favorable en el Congreso pone en duda su aprobación y abre un complejo pulso entre la necesidad de financiamiento del Gobierno y la resistencia a una mayor carga tributaria.
En resumenLa nueva reforma tributaria se perfila como una de las batallas legislativas más complejas para el Gobierno Petro. La iniciativa enfrenta un fuerte rechazo de gremios y partidos de oposición, quienes la consideran perjudicial para la clase media y la economía en un año preelectoral, mientras el Ejecutivo insiste en su carácter progresivo y su necesidad para garantizar la estabilidad fiscal y financiar el presupuesto de 2026.