Proyecto de ley busca endurecer penas para menores implicados en delitos graves

La sanción de siete años de privación de libertad impuesta al menor de 15 años responsable del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha reavivado el debate sobre la efectividad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). En respuesta, congresistas del Centro Democrático y otras bancadas impulsan el proyecto de ley 025 de 2025, que busca modificar la legislación actual para que los adolescentes entre 14 y 17 años que cometan delitos graves sean juzgados bajo las mismas condiciones que los adultos. La iniciativa, liderada por el representante a la Cámara Óscar Villamizar Meneses, propone que crímenes como homicidio, secuestro, hurto calificado, concierto para delinquir o delitos sexuales dejen de tener sanciones reducidas, que actualmente no superan los ocho años. De aprobarse, los menores enfrentarían las penas plenas del Código Penal, que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión. Villamizar calificó la sanción contra el sicario de Uribe Turbay como una “burla para Colombia” y argumentó que “un asesino, así sea menor de edad, no puede quedar en libertad en solo 7 años”. El proyecto también aborda la dificultad para rastrear los antecedentes de menores reincidentes. “El actual sistema impide conocer el historial de los menores reincidentes, pues si hoy un joven mata a cinco personas, no queda registro de sus antecedentes”, explicó Villamizar. La propuesta es que los menores respondan bajo las mismas reglas de antecedentes judiciales que los adultos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la necesidad de la reforma, afirmando que la ley actual incentiva a las estructuras criminales a instrumentalizar a los jóvenes. Por su parte, Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, calificó la sanción como un “insulto” y sostuvo que el responsable “no es un niño, es un sicario”.

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En resumen

Impulsado por el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un proyecto de ley en el Congreso busca una reforma estructural al sistema penal juvenil. La propuesta pretende eliminar los beneficios de penas reducidas para menores que cometan delitos de alto impacto y crear un sistema de antecedentes judiciales, en medio de un fuerte debate sobre la proporcionalidad de las sanciones y la instrumentalización de jóvenes por parte del crimen organizado.

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