La reforma pensional, una de las iniciativas legislativas más importantes del gobierno de Gustavo Petro, se encuentra en una fase decisiva de revisión por parte de la Corte Constitucional. Aunque la ley ya fue aprobada por el Congreso y sancionada, su entrada en vigencia en julio de 2025 depende del fallo del alto tribunal, que estudia demandas por presuntos vicios de trámite y constitucionalidad. El presidente Petro ha denunciado públicamente que existen intereses que buscan impedir la firma definitiva de la ley este año, afirmando que “han retenido la ley aprobada por el Congreso dos veces”. Esta tensión se ha agudizado por la demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien solicitó a la Corte tumbar la reforma. Ante esto, el presidente Petro cuestionó: “¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre?”.
La senadora, por su parte, acusó al mandatario de promover un “discurso de odio” en su contra y lo responsabilizó por su seguridad. El debate se ha centrado en la actuación del magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, a quien Petro acusó de actuar con “odio ideológico”. El presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, respaldó a Ibáñez, deplorando las “descalificaciones” y pidiendo respeto por las decisiones de la justicia. A pesar de la incertidumbre jurídica, el Gobierno ha decidido adelantar la implementación del Pilar Solidario, componente clave de la reforma. Desde octubre, se aumentará el subsidio de Colombia Mayor a $230.000 mensuales para más de un millón de adultos mayores, una medida que el director del DPS, Mauricio Rodríguez, calificó como una “anticipación” de la nueva ley.
En resumenLa reforma pensional se encuentra en un limbo jurídico mientras la Corte Constitucional evalúa su legalidad, en medio de un fuerte enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición. A pesar de ello, el Ejecutivo ha decidido avanzar con la implementación de uno de sus componentes sociales clave, el Pilar Solidario, anticipando los beneficios de una ley cuya vigencia aún no está garantizada.