Miranda argumentó que “Colombia no aguanta más excusas.

La seguridad no se negocia con terroristas”.

Su propuesta se apoya en cifras oficiales que muestran un aumento del 4 % en los homicidios y la duplicación de los secuestros extorsivos en los primeros siete meses de 2025. El segundo proyecto, del representante liberal Hugo Archila, no busca la eliminación total de la ley, pero sí propone una reforma para establecer límites más claros a las negociaciones con estructuras criminales, buscando poner fin a lo que describió coloquialmente como la “recocha” en los procesos de paz. Estas iniciativas legislativas compiten directamente con el proyecto de ley de sometimiento presentado por el Gobierno en julio, que busca ofrecer un marco legal para las negociaciones en curso, anticipando un complejo debate sobre el futuro de la política de paz en el país.