El futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez está en manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolver antes del 15 de octubre el recurso de apelación contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno a testigos y fraude procesal. La defensa del exmandatario radicó un extenso documento de 904 páginas para buscar la revocatoria del fallo. El equipo jurídico de Uribe, liderado por el abogado Jaime Granados, alega que la sentencia de primera instancia contiene “una serie de errores de hecho y de derecho a partir de apreciaciones notoriamente sesgadas”. En paralelo, los hijos del expresidente, Tomás y Jerónimo Uribe, han revelado una estrategia de “activismo comunicacional y judicial” con el objetivo de que su padre recupere la libertad en los próximos 60 días, al considerarlo una figura indispensable para la campaña electoral de 2026. “La mejor persona para hacer campaña en la historia de Colombia se llama Álvaro Uribe.
Es una máquina”, afirmó Jerónimo Uribe.
Para revisar el caso fueron designados los magistrados Leonor Oviedo Pinto, Alexandra Ossa Sánchez y Manuel Antonio Merchán, este último como ponente. El Consejo Superior de la Judicatura suspendió temporalmente el reparto de tutelas a dicha sala para permitir que los magistrados se dediquen exclusivamente a este proceso de alta trascendencia nacional.
En resumenLa decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la apelación de Álvaro Uribe es uno de los eventos judiciales y políticos más esperados del año. El fallo no solo definirá la situación del expresidente, sino que también sentará un precedente sobre la judicialización de altos funcionarios en Colombia.