El Gobierno Nacional se prepara para radicar a finales de agosto un proyecto de ley de financiamiento, con el que busca recaudar 26.3 billones de pesos para cubrir el desbalance del Presupuesto General de la Nación para 2026. La iniciativa surge en un contexto de crisis fiscal y enfrenta un ambiente de escepticismo en el Congreso y entre expertos económicos. El proyecto de presupuesto para 2026, aforado en 557 billones de pesos, llegó al Congreso con un significativo faltante, lo que obliga al Ejecutivo a buscar nuevas fuentes de ingreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha defendido la necesidad de la reforma para no sacrificar la inversión social.
Sin embargo, la propuesta es criticada por analistas que señalan un desbordado gasto público y un déficit fiscal que podría alcanzar el 7.1% del PIB este año. Expertos como el abogado Mauricio Marín Elizalde advierten que la reforma podría impactar el patrimonio de los ciudadanos y critica el uso de conceptos como "paraísos fiscales" para estigmatizar el ahorro en el exterior. La viabilidad de la reforma es baja, considerando el debilitamiento político del Gobierno, la cercanía de las elecciones de 2026 y el antecedente del hundimiento de una propuesta similar el año pasado. El Gobierno también ha planteado la idea de un "pacto fiscal" más amplio para una reforma estructural, pero la atención inmediata se centra en cómo lograr la aprobación de esta ley de financiamiento en un Congreso fragmentado.
En resumenLa inminente radicación de una nueva reforma tributaria será una de las batallas legislativas más importantes para el gobierno Petro en su último año. Su aprobación o rechazo definirá la capacidad del Ejecutivo para financiar su plan de desarrollo y gestionar una compleja crisis fiscal en un ambiente político adverso.