Apelación de la condena contra Álvaro Uribe Vélez

Esta etapa procesal es crucial para definir el futuro judicial inmediato del exmandatario, en un caso que mantiene polarizado al país.

Tras la sentencia en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, la jueza Sandra Heredia ordenó la detención inmediata del expresidente, argumentando un posible riesgo de fuga debido a su "gran reconocimiento a nivel internacional". La defensa interpuso una acción de tutela para suspender la medida, pero el Tribunal Superior de Bogotá la rechazó, manteniendo vigente la reclusión domiciliaria.

Este mismo tribunal, a través de su Sala Penal No.

19, será el encargado de estudiar la apelación y deberá resolverla antes del 16 de octubre de 2025 para evitar la prescripción del caso. La decisión ha provocado una fuerte reacción política; el Centro Democrático convocó a marchas nacionales el 7 de agosto bajo el lema "Uribe Inocente", mientras el presidente Gustavo Petro calificó de "traidores a la patria" a los congresistas opositores que buscan apoyo en Estados Unidos. El propio Uribe ha cuestionado la imparcialidad de varios funcionarios judiciales que intervinieron en su proceso, como el magistrado César Reyes y el fiscal Gilberto Villarreal, argumentando que debieron declararse impedidos por sus vínculos con sus contradictores políticos.