Avanza en el Congreso reforma a la financiación de universidades públicas
El debate sobre la financiación de la educación superior pública avanza con la realización de audiencias públicas para discutir la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. La más reciente se llevó a cabo en la Universidad Surcolombiana (USCO) en Neiva, con la presencia del ministro de Educación, Daniel Rojas, quien defendió la necesidad de cambiar la fórmula de cálculo de los presupuestos universitarios para saldar una desfinanciación histórica que supera los 18 billones de pesos. El senador y coordinador del proyecto, Pedro Flores Porras, explicó que el objetivo es modificar la fórmula actual, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que resulta insuficiente para cubrir los costos reales de las universidades, los cuales crecen a un ritmo superior. “Actualmente, nuestras universidades públicas no pueden invertir en la ampliación de la cobertura, en garantizar la permanencia de los estudiantes ni mucho menos en la pertinencia de sus programas educativos, porque los recursos no les alcanzan”, afirmó el senador. El ministro Rojas calificó el cambio como un “imperativo moral” y destacó que la supervivencia de la universidad pública se ha debido en gran parte a la lucha del movimiento estudiantil. Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Annie Zorilla, estudiante de Ciencias Políticas de la USCO, cuestionó la lentitud del proceso y la parcialidad de la reforma. “Después de más de tres décadas de la Ley 30, el Pacto Histórico le está presentando al movimiento estudiantil la reforma de dos artículos de una ley que tiene más de 130 artículos, como si fuera una gran victoria”, manifestó, reflejando la demanda de un sector estudiantil que exige una reforma integral y no solo ajustes financieros.


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