El principal argumento de los promotores del proyecto es el fracaso de la política prohibicionista. "La guerra contra las drogas fracasó", afirmó el congresista Ocampo, quien sostiene que la regulación permitiría al Estado tomar el control de un mercado actualmente dominado por estructuras criminales, además de generar nuevos ingresos fiscales y garantizar la calidad del producto para los consumidores. Esta no es la primera vez que se intenta avanzar en esta materia; en legislaturas anteriores, propuestas similares se han hundido por falta de consenso político, lo que anticipa un trámite legislativo complejo y polarizado. El actual gobierno intentará sacar adelante el acto legislativo, convirtiéndolo en una de sus banderas reformistas. El debate pondrá sobre la mesa argumentos de salud pública, seguridad, económicos y de libertades individuales, enfrentando visiones que defienden el modelo actual con aquellas que abogan por un enfoque de regulación y reducción de daños. El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del gobierno y sus aliados para construir las mayorías necesarias en ambas cámaras del Congreso.