La decisión de radicar la reforma de manera separada al presupuesto responde a solicitudes de varios congresistas para permitir discusiones independientes. El presidente Gustavo Petro ha sido claro en que el aumento del gasto social, uno de los pilares de su gobierno, depende directamente de la aprobación de esta ley de financiamiento. Entre las propuestas que se incluirían en el articulado se mencionan la revisión de exenciones del IVA, impuestos al consumo en el sector gastronómico, al carbono, a los juegos de suerte y azar y a los vapeadores, así como posibles ajustes en las tarifas de los impuestos de renta y ganancia ocasional. Sin embargo, la propuesta genera escepticismo. El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo ha criticado la iniciativa, afirmando que "nadie entenderá una reforma tributaria con derroche fiscal y desborde de deuda y déficit gracias a la eliminación de la regla fiscal. Sería irresponsable". Restrepo argumenta que el Gobierno debería primero limitar el "derroche de gasto de funcionamiento y burocracia" antes de proponer nuevos impuestos, advirtiendo que el momento político no es favorable para su aprobación.