El proceso en la Corte se centra en un presunto vicio de trámite durante la aprobación de la reforma en el Congreso, que el Gobierno intentó subsanar convocando a sesiones extraordinarias. Sin embargo, el magistrado Ibáñez ha solicitado una serie de pruebas para verificar la legalidad de dicha convocatoria, incluyendo la hora exacta en que el presidente Petro salió del país el día que expidió el decreto. Esta solicitud ha sido interpretada por el Ejecutivo como una maniobra dilatoria con motivaciones políticas. El presidente Petro acusó directamente al magistrado de “activismo judicial” y de querer aplazar la ley “por miedo a su efecto electoral”. En un tono más severo, afirmó que “impedir su aplicación es un simple golpe de Estado”. Esta postura fue respaldada por figuras como Gustavo Bolívar, quien también denunció el actuar de la Corte. La tensión ha escalado a tal punto que, a pesar del fallo pendiente, el presidente anunció que comenzará a aplicar parcialmente el pilar solidario de la reforma, ordenando extender el bono pensional a más sectores de la población adulta mayor. Esta decisión es un claro mensaje político que refleja la determinación del Ejecutivo de avanzar con su agenda, incluso ante la incertidumbre judicial, agudizando el choque de poderes.