El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, anunció la radicación del proyecto tras un proceso de consulta que incluyó cuatro foros nacionales y la recepción de más de 300 comentarios de la ciudadanía. La iniciativa surge en un contexto de inconformidad generalizada por las “facturas impagables”, según reconoció el propio ministro. El núcleo de la reforma es la transformación del sistema de subsidios, que Palma calificó como un “fracaso”, argumentando que el modelo actual por estratificación permite que personas con altos ingresos, pero residentes en zonas de estratos 1 y 2, se beneficien de ayudas destinadas a la población vulnerable. En su lugar, se propondrá un modelo basado en el consumo energético. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía de Bogotá, respaldó esta visión al señalar que se han detectado “anomalías significativas” con usuarios de estrato 1 que registran consumos superiores a 500 kWh mensuales. La propuesta ha generado preocupación en la Costa Caribe, donde el consumo es estructuralmente más alto debido a las condiciones climáticas, lo que podría llevar a que miles de familias vulnerables pierdan el subsidio si superan el límite de subsistencia. El proyecto de ley busca una modernización integral del sistema, armonizando la legislación vigente (Leyes 142 y 143 de 1994) para dirigir los recursos hacia una distribución “más eficiente y justa para todos los usuarios del país”.
