De aprobarse la modificación al Decreto 1068 de 2015, automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos que funcionen con diésel comenzarían a pagar el combustible a precio internacional, sin el subsidio estatal. Esta decisión, según el ministro de Minas, Edwin Palma, representa un avance en “justicia fiscal y ambiental”, ya que se estima que los hogares de mayores ingresos reciben hasta diez veces más beneficios del subsidio que los sectores más pobres. El ahorro fiscal proyectado con esta medida se acerca a los 386 mil millones de pesos anuales. La implementación sería gradual, iniciando en las principales ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. El Gobierno ha sido enfático en que la medida no afectará a vehículos de carga, transporte de alimentos o servicios logísticos, buscando con ello evitar un impacto inflacionario en la canasta familiar. Sin embargo, expertos han advertido sobre posibles dificultades en la implementación, como el riesgo de contrabando o la creación de mercados paralelos de combustible subsidiado.