El informe del comité, liderado por el representante republicano Mario Díaz-Balart, contiene duras críticas a la administración actual. El documento expresa “profunda preocupación por las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones malignas de la administración Petro, que contradicen los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos”. Además, el texto hace referencia explícita a informes sobre “consumo de drogas entre altos miembros del Gobierno” y a “violaciones al debido proceso e irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez”. La propuesta presupuestaria desglosa los 209 millones de dólares en 103 millones para la lucha contra el narcotráfico, 67 millones para seguridad nacional y 38 millones para las fuerzas armadas. A pesar de mantener el apoyo a las Fuerzas Militares y la Policía, el recorte general y el tono del informe evidencian un deterioro en las relaciones bilaterales y un cuestionamiento directo a la efectividad de la cooperación en la lucha antidrogas y la estabilidad democrática, en un momento en que el gobierno colombiano busca consolidar su política de “Paz Total”.