El presidente Gustavo Petro ha defendido la necesidad de la reforma, advirtiendo que, de no aprobarse, “condenará las finanzas públicas a la muerte en los próximos cinco años”. Según el mandatario, el proyecto buscará mayor equidad, bajando impuestos a las empresas y la clase media mientras se incrementa la carga tributaria para los “megarricos”, a quienes acusó de evadir sus obligaciones. No obstante, estas justificaciones no han calado en el Legislativo. Jairo Castellanos, nuevo presidente de la Comisión Tercera del Senado, fue contundente al afirmar que el país “no aguanta más” y que a la propuesta “le daremos cristiana sepultura”. Su homólogo en la Comisión Cuarta, Enrique Cabrales del Centro Democrático, se sumó al rechazo, proponiendo en su lugar una reforma que reduzca impuestos para fomentar el empleo. Desde la Cámara de Representantes, aunque tradicionalmente más afín al Gobierno, también surgen voces de cautela, como la de la representante Saray Robayo, quien pidió un “estudio juicioso” para no afectar a los sectores productivos. La confrontación parece inevitable, especialmente en un año preelectoral que, según el presidente del Senado, Lidio García, hace que una reforma de este tipo sea “muy impopular”.