El proyecto ha generado una profunda controversia por las gabelas que contempla. Para los máximos responsables de organizaciones delincuenciales, propone penas de entre cinco y ocho años de cárcel, mientras que para los demás integrantes serían de dos a cinco años. Adicionalmente, para jóvenes implicados en delitos durante las protestas de 2019 y 2021, se plantean rebajas de hasta el 70 % de la condena. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, defendió la propuesta afirmando que su objetivo es “el desmantelamiento de organizaciones criminales” y que quien reincida perderá automáticamente los beneficios. Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte oposición. La Corte Suprema de Justicia ha expresado que es un “tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos”, mientras que figuras como el exnegociador de paz Humberto de la Calle y el expresidente Juan Manuel Santos han advertido que la propuesta deslegitima procesos anteriores y podría generar “confusiones peligrosas” al no distinguir claramente entre justicia transicional y criminalidad común. Congresistas de oposición, como Lina María Garrido, la han calificado como una “amnistía disfrazada”. Incluso el comisionado para la Paz, Otty Patiño, ha señalado que la propuesta “requiere más análisis”, evidenciando divisiones dentro del propio entorno gubernamental.