La muerte de al menos quince menores de edad reclutados por disidencias de las FARC durante bombardeos de las Fuerzas Militares en Guaviare ha desatado una fuerte controversia en Colombia. El caso expone el drama del reclutamiento forzado y ha generado un intenso debate sobre la legitimidad y las consecuencias de las operaciones militares autorizadas por el gobierno de Gustavo Petro. Las muertes se produjeron en el marco de operativos contra la estructura de alias 'Iván Mordisco'. La confirmación de las edades de las víctimas por parte de Medicina Legal avivó el debate público. Familiares de una de las menores fallecidas, una joven de 16 años de Tibú, denunciaron abandono institucional, afirmando que se enteraron de su muerte por terceros y no recibieron apoyo para el traslado del cuerpo.
El padre aseguró que su hija lo contactó para pedir auxilio, pero que ni la Fiscalía ni el Ejército le colaboraron. En respuesta a las críticas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara que, aunque tenían indicios de la presencia de menores, "no había certeza". Defendió los operativos, señalando que de 1.404 combates, solo 13 han sido bombardeos.
Por su parte, alias 'Iván Mordisco' reapareció en un video amenazando con un "juicio revolucionario" contra los responsables de las muertes.
La situación subraya el dilema ético del Estado al enfrentar a grupos que utilizan a niños como combatientes, así como la tragedia de las familias atrapadas en el conflicto.
En resumenLa muerte de niños soldados en bombardeos militares en Guaviare ha generado una crisis política y ética, cuestionando las tácticas del Gobierno contra el reclutamiento forzado. Mientras el Ejecutivo defiende la legalidad de sus acciones, la tragedia evidencia el devastador impacto del conflicto armado en la niñez colombiana.