La controversia ha escalado al ámbito político y jurídico, con la Procuraduría y la Fiscalía iniciando indagaciones para determinar si se violaron los protocolos del DIH.
Muerte de menores de edad en bombardeos militares genera crisis nacional
La muerte de al menos quince menores de edad en recientes bombardeos de las Fuerzas Militares contra disidencias ha generado una profunda controversia nacional. El debate se centra en la legitimidad de estas operaciones y la responsabilidad del Estado en la protección de niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente. El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que, entre agosto y noviembre, quince menores fallecieron en cuatro operativos militares distintos en Guaviare, Amazonas y Arauca, dirigidos contra estructuras de alias ‘Iván Mordisco’. Las víctimas, algunas de tan solo 13 años como Caren Smith Cubillos, eran en su mayoría jóvenes reclutados en otras regiones del país, como Maicol Andrés Pérez Ávila, de 16 años, oriundo del Guaviare. La noticia desató una ola de rechazo por parte de organizaciones como la Defensoría del Pueblo, que exigió al presidente Gustavo Petro suspender los bombardeos donde exista alta probabilidad de presencia de menores, calificando su reclutamiento como un crimen de guerra. El Gobierno, por su parte, ha defendido las operaciones como una “necesidad militar inminente” para proteger a sus tropas de ataques planeados por grupos con más de un centenar de combatientes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante del Ejército argumentaron que los menores, al participar en hostilidades, se convierten en “un objetivo militar lícito” y pierden su protección bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), aunque lamentaron sus muertes. Esta postura ha sido fuertemente criticada, ya que el propio presidente Petro, en el pasado, había condenado enérgicamente este tipo de acciones, calificándolas de crímenes de Estado.



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