Las operaciones más notorias ocurrieron en Calamar (Guaviare), donde fallecieron siete adolescentes, y en Puerto Rondón (Arauca) y Puerto Santander (Amazonas), con víctimas menores adicionales.

Entre los fallecidos identificados se encuentran Maicol Andrés Pérez Ávila, de 16 años, Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, y Deini Lorena Beltrán Mendoza, de 16.

El presidente Gustavo Petro defendió las operaciones, argumentando que eran necesarias para neutralizar una “amenaza letal” y evitar una emboscada contra veinte soldados.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respaldó la acción, afirmando que los menores que participan en hostilidades pierden su protección como civiles y se convierten en “un objetivo militar lícito que también asesina”.

Esta postura ha sido fuertemente criticada.

La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, exigió al presidente suspender los bombardeos donde exista alta probabilidad de presencia de menores, calificando las muertes como “dolorosas e inhumanas” y recordando que el reclutamiento forzado es un crimen de guerra que convierte a los niños en víctimas. La controversia ha escalado al ámbito político, con la representante Katherine Miranda anunciando una moción de censura contra el ministro Sánchez y recordando que el propio Petro, en el pasado, fue un duro crítico de este tipo de operativos, llegando a calificarlos como crímenes de Estado. La Fiscalía ha abierto indagaciones para determinar si se violó el Derecho Internacional Humanitario.