Específicamente, se reportaron tres menores muertos en El Retorno (Guaviare), cuatro en Puerto Santander (Amazonas), siete en Calamar (Guaviare) y una niña en Puerto Rondón (Arauca).

La víctima más joven identificada fue Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió las operaciones, argumentando que se actuó con base en el Derecho Internacional Humanitario y que los menores eran “un objetivo militar lícito que también asesina”. Sánchez afirmó que en algunos casos, como el del 24 de agosto, los menores murieron en combate directo y no en bombardeos, y que la presencia de adolescentes combatientes en estos grupos alcanza entre un 20 % y un 30 %. Por su parte, el presidente Gustavo Petro pidió perdón por las muertes, pero descartó suspender los bombardeos, argumentando que hacerlo incentivaría a los grupos a reclutar más niños como escudos.

La Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, exigió la suspensión de los ataques aéreos, advirtiendo que “la operación militar actual es insostenible bajo el principio de humanidad”. La Fiscalía y la Procuraduría han abierto indagaciones para determinar si se infringió el DIH y si hubo omisión de protocolos. La controversia se agudiza al recordar que el propio Petro, en el pasado, fue un crítico severo de estas prácticas, lo que ha llevado a acusaciones de incoherencia desde diversos frentes políticos.