Los principales señalados, Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo González, fueron imputados por homicidio agravado, cargo que no aceptaron. Suárez fue capturado en el lugar de los hechos, mientras que González huyó a Cartagena y se entregó a las autoridades el 10 de noviembre. La Fiscalía argumenta que el crimen se configuró con “dolo eventual”, pues los agresores eran conscientes de que los golpes podían ser mortales. Según la investigación, el ataque se produjo en dos momentos: un primer golpe por la espalda y, minutos después, una segunda agresión en la que ambos participaron con patadas en la cabeza y el tórax mientras la víctima estaba indefensa en el suelo. La jueza del caso calificó la agresión como “desmedida, colectiva y brutal” y destacó la “absoluta frialdad” y falta de arrepentimiento de Suárez. La defensa de los agresores alegó inicialmente que Moreno había intentado abusar de una amiga, pero videos del interior del bar no muestran ningún altercado previo. El padre de la víctima, Jaime Alberto Moreno, expresó su dolor: “Se me destroza el alma cuando se ve la sevicia, el horror, el desprecio por la vida de otro”. El caso se ha convertido en un símbolo de la intolerancia y la violencia urbana en el país.