Muerte de siete menores en bombardeo en Guaviare genera controversia nacional

Un bombardeo de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las FARC en Guaviare ha generado una intensa controversia nacional. La operación, ordenada por el presidente Gustavo Petro, resultó en la muerte de siete menores de edad, reavivando el debate sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el conflicto colombiano. El operativo aéreo, ocurrido el 12 de noviembre en zona rural de Calamar, dejó un saldo total de 20 fallecidos, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal. De estos, siete eran menores de edad —cuatro mujeres y tres hombres—, quienes, según el Ministerio de Defensa, eran víctimas de reclutamiento forzado y eran utilizados como combatientes. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lamentó profundamente las muertes, pero justificó la acción como una intervención “necesaria” y “legítima” para proteger a un pelotón de 20 soldados que enfrentaban una amenaza de hasta 150 disidentes. “Lamentamos profundamente que dentro de ellos fueran identificados 7 adolescentes reclutados y utilizados como combatientes ilegales”, señaló Sánchez, enfatizando que la responsabilidad principal recae en los grupos armados que los reclutan. Esta postura ha sido fuertemente criticada por organizaciones como la Defensoría del Pueblo, que, aunque inicialmente reportó seis menores fallecidos, calificó el suceso como “doloroso e inhumano” y recordó que las fuerzas militares deben adoptar todas las precauciones para proteger a los niños. El debate se centra en si los menores deben ser considerados combatientes o víctimas, y si la operación cumplió con los principios de proporcionalidad del DIH. El incidente es el más letal bajo la administración Petro, quien en campaña prometió evitar ataques a campamentos con presencia infantil, y ha provocado llamados a la renuncia del ministro de Defensa por parte de algunos sectores.

En resumen

El bombardeo en Guaviare, defendido por el Gobierno como una acción táctica necesaria, resultó en la muerte confirmada de siete menores reclutados forzosamente, lo que desató un debate nacional sobre la ética de la guerra, la protección de la niñez en el conflicto y el cumplimiento del DIH por parte del Estado.

Artículos

¿Le pareció útil y relevante esta información?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

Muerte de siete menores en bombardeo en Guaviare genera controversia nacional

Artículos

Sociedad