Muere paciente en Barranquilla tras 11 meses de espera por medicamentos de su EPS

La muerte de Maritza Martínez Capacho en Barranquilla, tras esperar 11 meses por medicamentos vitales para su hipertensión pulmonar, expone de manera cruda las fallas del sistema de salud colombiano. Su caso, documentado en un video que grabó antes de morir, se ha convertido en un símbolo de la lucha de miles de pacientes contra la negligencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Diagnosticada en 2023, Maritza vio suspendido su tratamiento en octubre de ese mismo año después de que su EPS, la Nueva EPS, terminara el contrato con la farmacia Audifarma. Su esposo, Efrén Andrade, relató la angustiosa batalla legal y administrativa que emprendieron, incluyendo la interposición de varias tutelas y la intervención de la Defensoría del Pueblo. A pesar de que un fallo de tutela en febrero de 2025 les dio la razón, la entrega del medicamento nunca se materializó a tiempo. En un video grabado semanas antes de su deceso, Maritza, visiblemente afectada, denunció la situación: "He tenido una recaída por el no suministro de las medicinas para mi tratamiento". La tragedia culminó con una cruel ironía: el medicamento fue entregado 25 días después de su fallecimiento. Su historia, difundida por el programa 'Los informantes', ha generado una ola de indignación y pone de relieve la crisis sistémica que enfrentan los pacientes en Colombia, donde las barreras administrativas pueden tener consecuencias fatales.

En resumen

La muerte de Maritza Martínez, después de una espera de 11 meses por un medicamento esencial que su EPS no le entregó, es una trágica evidencia de las fallas del sistema de salud en Colombia. Su último testimonio en video se ha convertido en un poderoso llamado de atención sobre la negligencia institucional y la urgente necesidad de reformas que garanticen el derecho a la vida de los pacientes.

Artículos

¿Le pareció útil y relevante esta información?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más?

Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

Muere paciente en Barranquilla tras 11 meses de espera por medicamentos de su EPS

Artículos

Sociedad