Fallece Karol Stefannia Arturo, menor arrollada por taxista ebrio en San Cristóbal

El fallecimiento de Karol Stefannia Arturo Torres, una adolescente de 15 años, ha causado una profunda indignación en Bogotá. La joven fue una de las 11 víctimas atropelladas por un taxista que conducía en alto estado de embriaguez, un suceso que reaviva el debate sobre la irresponsabilidad al volante y la efectividad de las sanciones. La tragedia ocurrió la noche del 8 de noviembre en el barrio Santa Rita, de la localidad de San Cristóbal, cuando el conductor José Eduardo Chalá Franco, de 56 años, perdió el control de su vehículo y arrolló a un grupo de transeúntes. Las pruebas de alcoholemia confirmaron que presentaba grado tres de embriaguez. Karol Stefannia, descrita por sus vecinos como una joven alegre y estudiosa, sufrió un daño neurológico irreversible y, tras tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara, falleció el 11 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su hermano menor, Juan Martín, de 7 años, también resultó gravemente herido y fue puesto en coma inducido para protección neuronal, manteniendo un pronóstico reservado.

El alcalde Carlos Fernando Galán repudió el hecho y aseguró que "no quedará impune".

El conductor, quien aceptó los cargos por homicidio en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas, fue enviado a un centro carcelario. Con la muerte de la menor, es probable que la Fiscalía eleve los cargos a homicidio agravado, lo que podría acarrear una condena de hasta 30 años de prisión, según el penalista Francisco Bernate.

En resumen

La muerte de Karol Stefannia Arturo Torres, causada por un conductor ebrio, ha puesto de manifiesto las trágicas consecuencias de la conducción irresponsable en Bogotá. El suceso ha provocado una fuerte reacción pública, acciones legales contra el conductor y un renovado llamado a controles más estrictos y mayor conciencia ciudadana para prevenir tragedias similares.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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