La conmemoración del cuadragésimo aniversario de la toma y retoma del Palacio de Justicia ha reavivado el debate nacional sobre uno de los capítulos más oscuros de la historia colombiana. A cuatro décadas de los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, las heridas continúan abiertas, con verdades aún por esclarecer y una persistente lucha por la memoria de las víctimas. Los eventos conmemorativos han puesto de manifiesto las tensiones que aún rodean la tragedia. Por un lado, familiares de las víctimas, como el hijo del magistrado Manuel Gaona, insisten en que “los responsables del Palacio de Justicia jamás aceptaron su responsabilidad”, reflejando una búsqueda de justicia que no cesa.
Por otro, las interpretaciones políticas siguen generando controversia.
Las altas cortes rechazaron calificativos de “genialidad” sobre la toma, calificándola de “barbarie” y “acto terrorista”.
Este aniversario también ha servido para revelar documentos inéditos, como una llamada del entonces senador Luis Carlos Galán al presidente Belisario Betancur, en la que este último le informó sobre la decisión de no negociar con el M-19, una postura respaldada por varios expresidentes. El documento detalla el silencio de Betancur ante la pregunta de Galán sobre la petición de cese al fuego del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. El saldo de la tragedia, con cerca de 100 muertos —incluidos 11 magistrados— y al menos 11 desaparecidos forzados, sigue siendo una herida que divide al país, con debates sobre la proporcionalidad de la retoma militar y la destrucción de archivos judiciales clave.
En resumenCuarenta años después, la toma del Palacio de Justicia no es un capítulo cerrado. La conmemoración evidencia la persistencia del dolor de las víctimas, la falta de una verdad consensuada y la utilización del hecho como un campo de batalla político, lo que demuestra que la justicia y la memoria completa siguen siendo una deuda pendiente en Colombia.