El asesinato de Angie Pahola Tovar Calpa, estudiante de la Universidad Nacional, ha generado una profunda consternación en el país. Su muerte, ocurrida tras casi dos meses de secuestro a manos de disidencias de las FARC, pone de relieve la persistente violencia en el departamento del Cauca y la vulnerabilidad de los jóvenes en Colombia. El caso de Angie Pahola Tovar Calpa, de 26 años y oriunda de Guachucal, Nariño, ha conmocionado a la comunidad académica y a la sociedad en general. La joven, quien cursaba el último semestre de Ingeniería Administrativa en la sede de Medellín de la Universidad Nacional, fue secuestrada el 27 de agosto mientras viajaba en un camión de carga hacia Antioquia para iniciar sus prácticas profesionales. El vehículo fue interceptado en la vereda El Túnel, entre Popayán y Piendamó (Cauca), por hombres armados que se identificaron como miembros del Bloque Dagoberto Ramos, una disidencia de las FARC.
Según el relato de su hermano, Richard Tovar, Angie y otro joven fueron obligados a bajar del vehículo y trasladados a otro automotor, perdiéndose su rastro desde entonces. La Universidad Nacional confirmó con "profundo dolor" el hallazgo de su cuerpo sin vida el 22 de octubre, aunque los detalles sobre las circunstancias exactas de su muerte no fueron revelados de inmediato por las autoridades.
La institución educativa emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida, afirmando que su partida “deja un vacío inmenso y enluta a toda la comunidad educativa”. Además, exhortó a las autoridades a “adelantar con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar a su familia el acceso a la verdad y la justicia”. En memoria de la estudiante, la universidad convocó a un homenaje simbólico el 24 de octubre en el campus El Volador, reafirmando su compromiso con la paz y el rechazo a la violencia que sigue afectando a los jóvenes del país.
En resumenLa muerte de Angie Pahola Tovar resalta la brutal realidad del conflicto armado en regiones como el Cauca, la falla en las garantías de seguridad y la vulnerabilidad específica de los jóvenes con aspiraciones. El caso ha movilizado a la comunidad universitaria y a la sociedad para exigir justicia y el fin de la violencia.