La violencia sistemática ha llevado a los sindicatos a denunciar la falta de garantías y al Gobierno a anunciar medidas urgentes para proteger la vida de los guardianes.

En las últimas semanas, al menos cuatro funcionarios del Inpec han sido asesinados en ataques sicariales ocurridos en Bogotá, Cali y Palmira, elevando a ocho el número de víctimas en lo que va del año. Esta ofensiva criminal se atribuye principalmente a la estructura ilegal conocida como "Mago" (Muerte a Guardianes Opresores), que actuaría en retaliación por los controles y operativos que buscan desmantelar las redes de extorsión y crimen que operan desde el interior de las cárceles.

Grupos como 'La Inmaculada' también han sido señalados como responsables. Como respuesta, el Inpec ha suspendido temporalmente las visitas y traslados de internos en algunos centros penitenciarios para reforzar la seguridad. Adicionalmente, el Gobierno ha aprobado una prima de riesgo para los funcionarios y considera la posibilidad de autorizar el porte de armas personales para su defensa.

Sin embargo, los sindicatos del Inpec han calificado estas medidas como "insuficientes e ineficaces", denunciando un abandono por parte del Estado.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha condenado los hechos y prometido una respuesta firme para evitar la impunidad, pero la situación evidencia una profunda crisis estructural en el sistema penitenciario, donde el poder de las mafias parece desbordar la capacidad de control de las autoridades.