En la capital, un ataque frente a la cárcel La Modelo resultó en la muerte del dragoneante Miguel Muñoz Llano, de 26 años, y dejó a otros tres heridos. En Palmira, dos ataques sicariales ocurridos con pocas horas de diferencia cobraron la vida de un funcionario y dejaron a otro gravemente herido. En Armenia, un guardián sobrevivió a un atentado contra su vehículo, resultando con lesiones leves por esquirlas, mientras que en Bello, un dragoneante logró salir ileso de un ataque a tiros al salir de la cárcel Bellavista. Las investigaciones preliminares sugieren que los ataques no son hechos aislados, sino que responden a un plan articulado por organizaciones criminales que operan desde el interior de las cárceles, como retaliación por los operativos de control que buscan desmantelar sus redes de extorsión. El sindicato del INPEC ha denunciado que en los últimos años han sido asesinados 35 funcionarios y que solo en 2025 se han registrado más de 260 amenazas. Ante la crisis, el Gobierno, en un consejo de seguridad extraordinario, anunció un plan de choque que incluye la creación de un grupo especial de investigación entre la Fiscalía y la Policía, recompensas de hasta 50 millones de pesos por información, y el refuerzo de la seguridad perimetral en las cárceles.

Además, se dotará a los funcionarios con chalecos y camisas blindadas.