Una serie de ataques sistemáticos contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Bogotá, Palmira y Armenia ha dejado un saldo de varios guardianes muertos y heridos, desatando una crisis de seguridad en el sistema penitenciario y provocando una respuesta coordinada de las autoridades nacionales. Los atentados, ocurridos a principios de octubre, han sido calificados por los sindicatos como un “plan pistola” en represalia por las acciones contra la corrupción y la extorsión carcelaria. En Bogotá, en las afueras de la cárcel La Modelo, el dragoneante Miguel Muñoz Llano, de 26 años, fue asesinado y otros tres de sus compañeros resultaron heridos cuando sicarios en motocicletas abrieron fuego durante el cambio de turno. Casi simultáneamente, en Palmira (Valle del Cauca), fueron atacados otros dos funcionarios en hechos distintos; uno de ellos, Manuel Antonio Becerra Palma, falleció, mientras que Óscar Julián González Garzón quedó gravemente herido.
También se reportó un atentado en Armenia.
El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, confirmó que en 2025 se han registrado 270 amenazas contra funcionarios de la institución y seis asesinatos, atribuyendo la violencia a la reacción de estructuras criminales afectadas por los operativos de control. Como respuesta, el INPEC activó un plan de seguridad nacional, suspendió temporalmente las visitas en cárceles de Bogotá y Valle del Cauca, y se encuentra evaluando la dotación de chalecos antibalas para el personal. Estos hechos traen a la memoria el asesinato del director de La Modelo, coronel Élmer Fernández, en mayo de 2024, y subrayan la extrema vulnerabilidad de los trabajadores penitenciarios frente al poder de las mafias que operan desde las prisiones.
En resumenLos ataques coordinados contra guardias del INPEC en Bogotá, Palmira y Armenia, que han causado varias muertes y heridos, exponen una grave crisis de seguridad en el sistema penitenciario. Las autoridades y sindicatos señalan un “plan pistola” de grupos criminales en respuesta a medidas anticorrupción, lo que ha obligado a una respuesta de seguridad a nivel nacional y evidencia los profundos riesgos que enfrenta el personal carcelario.