Narváez señaló que al recibir las pertenencias de su hijo, notó que "tenía el tete completo y tenía su fruta sin comer". La familia también denunció que el centro educativo no estaba adscrito al ICBF ni registrado en la Alcaldía, operando como un establecimiento de comercio, lo que lo excluía de la supervisión de la Secretaría de Educación. El alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, confirmó que el jardín llevaba siete años funcionando sin reportes de irregularidades, pero tras el fallecimiento de Liam, fue sellado por la Fiscalía y el CTI, quienes asumieron la investigación penal. La familia también expresó su preocupación por el manejo de la escena, afirmando que observaron a familiares de las profesoras retirando pertenencias y limpiando el lugar tras el suceso.

Este caso ha generado una fuerte conmoción y un llamado a las autoridades para que se refuercen los controles sobre los centros de cuidado infantil que operan sin las licencias correspondientes.