Una grave emergencia de salud pública se desató en Barranquilla, donde el consumo de un licor artesanal adulterado, conocido como “cococho”, ha causado la muerte de al menos 12 personas y mantiene a otras nueve en Unidades de Cuidados Intensivos. La tragedia ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias y ha revelado una peligrosa red de producción y distribución de bebidas tóxicas en sectores vulnerables de la ciudad. La crisis comenzó el 23 de septiembre en el sector de El Boliche, en el centro de Barranquilla, cuando varias personas, en su mayoría habitantes de calle y vendedores ambulantes, comenzaron a presentar síntomas severos de intoxicación como dolor abdominal, vómitos y pérdida de la visión. Las primeras pruebas toxicológicas confirmaron la presencia de metanol, un alcohol industrial altamente tóxico, en los organismos de los afectados.
Según el toxicólogo Agustín Guerrero, los pacientes que han sobrevivido podrían enfrentar secuelas irreversibles, como ceguera y daños neurológicos similares al Parkinson.
Las autoridades identificaron a Nicolás Manuel Medrano como el presunto fabricante y distribuidor de la bebida, quien irónicamente fue una de las primeras víctimas fatales tras consumir su propio producto.
El licor se vendía en botellas plásticas a precios tan bajos como 2.000 pesos. En respuesta, la Policía Metropolitana ha realizado allanamientos en barrios como Rebolo y Las Nieves, donde se incautaron insumos para la fabricación de licor falso. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) confirmó que uno de los predios utilizados para la producción estaba bajo su administración, aunque había sido ocupado ilegalmente. La Alcaldía instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) para monitorear la emergencia y la Procuraduría exigió a las autoridades locales informes detallados sobre los controles para frenar la distribución de estas bebidas.
En resumenLa intoxicación masiva en Barranquilla por licor adulterado con metanol ha dejado un saldo de 12 fallecidos y nueve personas en estado crítico. Las investigaciones apuntan a una red de producción clandestina que operaba en un predio de la SAE, lo que ha desencadenado una respuesta interinstitucional para controlar la emergencia y prevenir más víctimas.