
Ola de violencia en el Cauca deja quince policías asesinados en 2025
El departamento del Cauca enfrenta una grave crisis de seguridad que ha cobrado la vida de quince policías en lo que va del año 2025. Los dos casos más recientes, ocurridos en menos de 48 horas en los municipios de Guachené y Puerto Tejada, han motivado a las autoridades a ofrecer una millonaria recompensa para capturar a los responsables. La violencia se intensificó con el asesinato del patrullero Yohan Stiven Caicedo Gómez, adscrito a la Dirección de Antinarcóticos, quien fue encontrado con siete impactos de bala en el sector El Crucero, en la vía que une Guachené y Caloto. Caicedo se encontraba de vacaciones. Horas antes, en el barrio Betania de Puerto Tejada, fue asesinado el patrullero Jasmir Gustavo Ortiz Pardo, de 24 años, presuntamente por integrantes de pandillas locales mientras realizaba labores de patrullaje. La violencia en la región es atribuida tanto a la presencia de la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, liderada por 'Iván Mordisco', como a pandillas que operan en los cascos urbanos. Ante la escalada, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, calificando los ataques como “acciones demenciales”. Por su parte, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, expresó su solidaridad con las familias y la institución, e hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades y frenar la violencia.



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El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de GairaRafael Hernández Muñoz, quien purgaba una condena de 23 años por el asesinato de Jairo Zapa Pérez, fue atacado a tiros y permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado.La Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó que Joice Rafael Hernández Muñoz, conocido como alias ‘Joice’, sería un exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fue condenado por el crimen de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de Regalías de la Gobernación de Córdoba, asesinado en marzo de 2014.El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de Gaira, en hechos ocurridos recientemente. Según el reporte de las autoridades, recibió dos impactos en el abdomen y fue trasladado al Hospital Julio Méndez Barreneche, donde permanece bajo pronóstico reservado.De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, Hernández Muñoz fue capturado años atrás junto a otras cinco personas señaladas de planear y ejecutar el homicidio de Zapa Pérez. El exdirector fue engañado y llevado a una vivienda en el barrio Las Castellanas, al norte de Montería, donde fue ahorcado, y su cuerpo abandonado en una quebrada, en una finca entre La Ye de Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba.Durante las audiencias concentradas, la jueza Roxana Mata Múnive, del Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías, avaló el material probatorio presentado por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Los implicados fueron vinculados por desaparición forzada agravada.En 2019, alias ‘Joice’ aceptó cargos por desaparición forzada agravada y homicidio agravado en calidad de cómplice, como parte de un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a 23 años de prisión, además de presentar disculpas escritas a las víctimas y pagar una multa superior a mil salarios mínimos legales vigentes.Sin embargo, tras confesar su participación, solo cumplió la mitad de la pena en prisión y hace cerca de cuatro meses obtuvo el beneficio de detención domiciliaria.Las autoridades investigan ahora si el ataque ocurrido en Gaira está relacionado con ajustes de cuentas o con su pasado criminal.

La Dirección Territorial de Salud confirmó que el proceso fue posible tras una serie de reuniones técnicas y gestiones financieras que culminaron en un acuerdo con la Nueva EPS para saldar parte de la deuda acumulada.

La situación afecta a comunidades del Bajo Calima en el Valle del Cauca (suroeste) y de Bolívar (norte), dijo la Defensoría en un comunicado.

En mi casa no se hablaba de los suicidas. Como máximo se permitía que dijéramos que se quitó la vida, acaso para distinguirlo de las decenas de muertos diarios que soportamos en mi infancia tulueña.