
Asesinato de líder juvenil y candidato Yeimar Gamboa en Chigorodó es calificado como un atentado a la democracia
El asesinato de Yeimar Gamboa Yépez, un líder social y candidato de 20 años al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) en Chigorodó, Antioquia, ha provocado un rechazo unánime. Organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE) y su partido, el Centro Democrático, han condenado el crimen, calificándolo como un ataque directo contra la democracia y la participación juvenil. Gamboa Yépez, reconocido en la región del Urabá antioqueño por su labor como defensor de derechos humanos y su trabajo con jóvenes en situación de vulnerabilidad, fue atacado a disparos la noche del 23 de septiembre de 2025 mientras departía con amigos en el barrio El Bosque; en el hecho también resultó herida otra joven. Su muerte ha sido registrada por la ONG Indepaz como el asesinato número 149 de un líder social en Colombia durante 2025. La MOE, a través de un comunicado, rechazó el crimen y afirmó que “este crimen es también un atentado contra la democracia en Colombia”, pidiendo al Estado protección para los líderes y candidaturas juveniles. Figuras políticas como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el representante Hernán Cadavid lamentaron el hecho y exigieron una investigación pronta para que no quede en la impunidad. La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas para Chigorodó, señalando el riesgo que enfrentan los líderes sociales por la imposición de normas y control social por parte de grupos armados como el Clan del Golfo, que tiene una presencia hegemónica en la zona. Este crimen subraya la grave situación de violencia que enfrentan los jóvenes que deciden participar en la política local.



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El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de GairaRafael Hernández Muñoz, quien purgaba una condena de 23 años por el asesinato de Jairo Zapa Pérez, fue atacado a tiros y permanece hospitalizado bajo pronóstico reservado.La Policía Metropolitana de Santa Marta, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, confirmó que Joice Rafael Hernández Muñoz, conocido como alias ‘Joice’, sería un exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y fue condenado por el crimen de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de Regalías de la Gobernación de Córdoba, asesinado en marzo de 2014.El hombre fue herido a bala en el sector de Villa Betel, jurisdicción de Gaira, en hechos ocurridos recientemente. Según el reporte de las autoridades, recibió dos impactos en el abdomen y fue trasladado al Hospital Julio Méndez Barreneche, donde permanece bajo pronóstico reservado.De acuerdo con la Policía y la Fiscalía, Hernández Muñoz fue capturado años atrás junto a otras cinco personas señaladas de planear y ejecutar el homicidio de Zapa Pérez. El exdirector fue engañado y llevado a una vivienda en el barrio Las Castellanas, al norte de Montería, donde fue ahorcado, y su cuerpo abandonado en una quebrada, en una finca entre La Ye de Sahagún y Pueblo Nuevo, Córdoba.Durante las audiencias concentradas, la jueza Roxana Mata Múnive, del Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías, avaló el material probatorio presentado por la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía. Los implicados fueron vinculados por desaparición forzada agravada.En 2019, alias ‘Joice’ aceptó cargos por desaparición forzada agravada y homicidio agravado en calidad de cómplice, como parte de un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a 23 años de prisión, además de presentar disculpas escritas a las víctimas y pagar una multa superior a mil salarios mínimos legales vigentes.Sin embargo, tras confesar su participación, solo cumplió la mitad de la pena en prisión y hace cerca de cuatro meses obtuvo el beneficio de detención domiciliaria.Las autoridades investigan ahora si el ataque ocurrido en Gaira está relacionado con ajustes de cuentas o con su pasado criminal.

La Dirección Territorial de Salud confirmó que el proceso fue posible tras una serie de reuniones técnicas y gestiones financieras que culminaron en un acuerdo con la Nueva EPS para saldar parte de la deuda acumulada.

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En mi casa no se hablaba de los suicidas. Como máximo se permitía que dijéramos que se quitó la vida, acaso para distinguirlo de las decenas de muertos diarios que soportamos en mi infancia tulueña.