La Defensoría del Pueblo expresó su “profunda indignación, consternación y tristeza” por el suceso, calificándolo como una señal de la “crisis estructural” del sistema carcelario y la “inacción histórica” de las entidades territoriales para solucionar el hacinamiento. Familiares de las víctimas, como la madre de uno de los fallecidos que aseguró que su hijo “solo se había robado un celular”, han exigido justicia y respuestas claras sobre lo ocurrido.