Las víctimas murieron por inhalación de humo, no por quemaduras.

Otros cinco internos permanecen en estado crítico en unidades de cuidados intensivos.

La Defensoría del Pueblo calificó el hecho como una “señal de alarma” que refleja “vulneraciones sistemáticas” de derechos humanos, atribuyendo la crisis a la “inacción histórica” de las entidades territoriales por no solucionar el hacinamiento. Familiares de las víctimas han denunciado presuntos maltratos previos al incendio y una respuesta tardía de las autoridades, con acusaciones como “los dejaron morir”. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó el listado de fallecidos y solicitó una investigación exhaustiva a la Fiscalía, mientras la Procuraduría también abrió una indagación para determinar si hubo omisiones por parte de los uniformados.