A pesar de ser auxiliado y trasladado a Palmira, falleció debido a la gravedad de las heridas. La principal hipótesis de las autoridades apunta a una retaliación por parte de estructuras de microtráfico, ya que el funcionario lideraba operativos contra las "ollas de expendio". La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que Jiménez había realizado 22 allanamientos, lo que refuerza esta línea de investigación.

Se ha señalado a la banda criminal 'Los Moros' como presunta responsable del crimen.

Como respuesta, la Gobernación ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información sobre los responsables y convocó un consejo de seguridad extraordinario. Se anunciaron medidas como el despliegue de grupos especiales de investigación, la instalación de puestos de control mixtos entre Ejército y Policía, y la intensificación de allanamientos. Este homicidio se suma a los 114 líderes sociales y políticos asesinados en Colombia en 2025, según Indepaz, y ocurre en una zona donde la Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas tempranas sobre el riesgo de violencia.