En el atentado resultaron heridas al menos otras dos personas, incluida su asistente.

Aunque fue auxiliado de inmediato, falleció debido a la gravedad de las heridas. La principal hipótesis de las autoridades, respaldada por el alcalde Francisco Javier Guzmán y la gobernadora Dilian Francisca Toro, apunta a una retaliación por la lucha frontal que Jiménez lideraba contra las "ollas" y estructuras de microtráfico en el municipio. Este crimen se enmarca en un contexto de violencia creciente en el sur del Valle, una zona con presencia de disidencias de las FARC como los frentes Adán Izquierdo y Jaime Martínez, y bandas locales como 'Los Moros'. Como respuesta, las autoridades convocaron un consejo extraordinario de seguridad donde se anunciaron medidas como un plan desarme, patrullajes mixtos de Ejército y Policía, y el incremento de allanamientos. La gobernadora Toro ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables, calificando el hecho como "un atentado contra la institucionalidad".