Según la Armada, se realizaron advertencias verbales y disparos preventivos. Sin embargo, esta narrativa contrasta fuertemente con la de la Alcaldía de Mosquera y la de la propia alcaldesa, quienes aseguran que el ataque fue desproporcionado y no medió advertencia alguna. La administración municipal rechazó la estigmatización y exigió una rectificación.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el hecho, lamentando la muerte de Sánchez y atribuyendo el desenlace a un “incumplimiento de los protocolos de seguridad” por parte de un guardia en un retén oficial. A raíz de la gravedad y las versiones encontradas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación disciplinaria contra la unidad militar involucrada para esclarecer las circunstancias, verificar el cumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza y determinar responsabilidades. El organismo de control citará a declarar a la alcaldesa Pineda y al comandante de la unidad militar correspondiente.