La comunidad, indignada por el atroz crimen, intentó linchar al detenido antes de que fuera entregado a las autoridades. La familia de las víctimas, que residía en Santander desde hacía aproximadamente cinco años, gestiona el traslado de los cuerpos a Valledupar para realizar las exequias. La Gobernación de Santander y la alcaldía local rechazaron el hecho y pidieron que caiga todo el peso de la ley sobre el responsable.