Las autoridades atribuyen el ataque al ELN y han ofrecido una millonaria recompensa para capturar a los responsables.

La tarde del 3 de septiembre, un ataque armado en pleno centro urbano de Saravena cobró la vida del intendente Jaime Alonso Moreno Cuasialpud y del patrullero Juan David Pérez Bechara, este último oriundo de Canalete, Córdoba. Los uniformados, adscritos a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), regresaban a la estación de Policía tras realizar diligencias en la morgue cuando fueron atacados a pocos metros del anillo de seguridad de la sede policial. El atentado, perpetrado por hombres armados, también dejó heridos a otros dos policías y a varios civiles que se encontraban en la zona, generando pánico entre la población. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como presunto autor del crimen, en un contexto de creciente violencia en Arauca, un departamento afectado por la disputa territorial entre grupos armados ilegales por el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, condenó el hecho y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. Este suceso se suma a una serie de ataques recientes contra la Fuerza Pública en diferentes regiones del país, lo que subraya la compleja situación de seguridad y los riesgos que enfrentan los miembros de las instituciones en zonas de alto conflicto.