La familia, a través de su abogado Julián Quintana, ha exigido justicia y ha denunciado presuntas irregularidades en la investigación y negligencia por parte de la institución educativa, señalando que la valla perimetral por donde habría salido la menor presentaba daños y que la notificación de su desaparición fue tardía. El caso ha escalado a nivel nacional, con pronunciamientos de la directora del ICBF, Astrid Cáceres, y la Procuraduría, quienes han pedido celeridad en la investigación. El director de la Policía Nacional anunció la conformación de un equipo élite de la Dijín para esclarecer los hechos, mientras el país espera los resultados de la necropsia que serán claves para determinar las causas y el momento de la muerte de la menor.