Asesinato de mujer de 78 años en Sahagún es investigado como feminicidio agravado
El brutal asesinato de Luz Marina Miranda Macea, una mujer de 78 años, en Sahagún, Córdoba, ha causado indignación en la comunidad, que clama por justicia ante un crimen que las autoridades investigan como un feminicidio agravado. El ataque ocurrió el pasado 23 de agosto en el barrio Simón Bolívar, cuando Douglas José Loaiza Acosta, un ciudadano extranjero de 41 años, presuntamente ingresó a la vivienda de la víctima tras derribar la puerta. Según la investigación de la Fiscalía, el agresor engañó a la adulta mayor afirmando que su nieto había sido asesinado para poder acceder al inmueble. Una vez dentro, la habría atacado en múltiples ocasiones con un machete y un objeto contundente, al parecer tras un intento de abuso sexual que la víctima resistió. La señora Miranda Macea fue trasladada a un centro clínico y posteriormente a un hospital en Montería, donde falleció dos días después debido a la gravedad de las heridas. El presunto agresor, conocido como ‘El Douglas’, fue capturado poco después del ataque gracias a la rápida acción de la Policía y la comunidad. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural por el delito de feminicidio agravado, aunque el procesado no aceptó los cargos. La Fiscalía destacó que el caso se agravó por la vulnerabilidad de la víctima debido a su edad y la sevicia empleada en el crimen.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






