Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las causas del desplome, indagando si la edificación presentaba fallas estructurales preexistentes o si las adecuaciones que se realizaban incumplían con las medidas de seguridad necesarias. Este caso ha puesto nuevamente sobre la mesa las precarias condiciones en las que se desarrollan muchas obras de construcción en la ciudad, donde los obreros, en su mayoría informales, enfrentan riesgos diarios sin las garantías laborales ni los protocolos de seguridad adecuados.
Obrero muere en desplome de vivienda en Barranquilla
La muerte del maestro de obra Didier Menco, de 44 años, tras el desplome de la fachada de una vivienda en el barrio Olaya de Barranquilla, ha reavivado el debate sobre la seguridad laboral y las fallas estructurales en las construcciones de la ciudad. El trágico suceso ocurrió en la mañana del miércoles 27 de agosto, cuando Menco Rojas realizaba trabajos de reparación en una edificación de tres pisos ubicada en la calle 68C con carrera 28. De manera repentina, parte de la estructura colapsó, sepultándolo bajo los escombros. Testigos del hecho y compañeros de obra intentaron auxiliarlo de inmediato, pero la magnitud del derrumbe dificultó el rescate. A la llegada del Cuerpo de Bomberos y unidades de la Defensa Civil, el trabajador ya no presentaba signos vitales, confirmándose su muerte en el lugar. La comunidad del barrio Olaya lamentó la pérdida de un hombre conocido por ser trabajador y padre de familia.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.






