Sin embargo, la decisión ha sido fuertemente criticada por considerarse insuficiente ante la gravedad del crimen. El abogado de la familia de la víctima, Víctor Mosquera, declaró que, aunque respeta el fallo, “esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado. Esta ley incentiva que el crimen use menores sin castigo real y efectivo”.

La investigación de la Fiscalía reveló que el joven fue contactado por una red criminal, recibiendo una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, para ejecutar el atentado. El caso ha reavivado las discusiones sobre la necesidad de una reforma a la justicia que endurezca las penas para menores involucrados en delitos de alto impacto y que aborde el reclutamiento forzado por parte de estructuras delictivas.