Muerte de familia en hotel de San Andrés destapa fallas en protocolos de seguridad

El fallecimiento de una familia bogotana en un hotel de San Andrés ha destapado una grave controversia sobre los protocolos de seguridad en establecimientos turísticos, tras revelarse que la causa fue una intoxicación por un gas de fumigación. La investigación ahora se centra en determinar las responsabilidades del hotel y de la empresa contratista. La trágica muerte de Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo de cuatro años, Kevin Mathías, el pasado 11 de julio, ha conmocionado a Colombia. El dictamen de Medicina Legal confirmó que la causa de los decesos fue anoxia celular, provocada por la inhalación de fosfina, un gas incoloro y altamente tóxico utilizado en fumigaciones. Esta revelación validó las sospechas de los familiares, ya que Viviana había enviado mensajes a su hija quejándose de un “olor extraño” y de las malas condiciones de la habitación, e incluso había solicitado un cambio que le fue negado por la alta ocupación del hotel. El padre de Viviana, Orlando Canro, también había señalado que la ropa de las víctimas conservaba un olor fuerte y particular. Tras conocerse los resultados de la necropsia, el Hotel Portobelo Convention emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y atribuyó la responsabilidad a la empresa de fumigación Livinsgton & Company E.U., asegurando que esta utilizó “una sustancia utilizada sin nuestra autorización” y que “reportó haber utilizado sustancias diferentes a las halladas por Medicina Legal”. El caso ha escalado a nivel nacional, provocando la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que ordenó medidas de control para garantizar la seguridad de los huéspedes y evitar que tragedias similares se repitan en destinos turísticos del país. Mientras la familia exige justicia, el incidente ha abierto un profundo debate sobre la regulación de los procedimientos de fumigación y la responsabilidad de los establecimientos hoteleros en la protección de sus clientes.

En resumen

La muerte de la familia bogotana en un hotel de San Andrés fue causada por la inhalación del gas tóxico fosfina, utilizado en una fumigación. El hotel responsabiliza a la empresa contratista, mientras la investigación oficial avanza para esclarecer las fallas en los protocolos de seguridad que derivaron en la tragedia, generando un debate nacional sobre la protección a los turistas.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.

El Nuevo Día

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