La comunidad caleña ha respondido con actos de solidaridad y homenajes póstumos, mientras las autoridades continúan atendiendo a los heridos y avanzando en la investigación contra los responsables. La séptima víctima mortal fue identificada como Jesús Antonio Villa, quien se encontraba en estado crítico en la Clínica de Occidente y falleció debido a la gravedad de sus heridas. Su deceso fue confirmado por el personero de Cali, Gerardo Mendoza, y la defensora del Pueblo, Iris Marín. Este hecho se suma a la muerte de otras seis personas, entre ellas la docente Martha Agudelo, de 51 años; el joven de 17 años Juan Diego Martínez Echeverry; y Alexander Zúñiga, de 23 años. El ataque, atribuido a la estructura 'Jaime Martínez' de las disidencias de las FARC, dejó un saldo total de 78 heridos, de los cuales 56 ya han sido dados de alta, 13 permanecen hospitalizados y tres continúan en Unidades de Cuidados Intensivos. Como respuesta al dolor y la violencia, la ciudadanía organizó una masiva velatón denominada “Ceremonia de la Luz” frente a la Base Aérea, donde los asistentes, vestidos de blanco, encendieron velas y elevaron oraciones por las víctimas. Asimismo, el sepelio de Juan Diego Martínez se convirtió en un emotivo acto de despedida y un clamor por justicia, en el que familiares y amigos recordaron su pasión por el fútbol y la barbería.
Asciende a siete el número de víctimas mortales por atentado en Cali
El atentado terrorista perpetrado el pasado 21 de agosto en Cali cobró una nueva vida, elevando a siete el número de fallecidos.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





