La tragedia se desencadenó cuando un helicóptero Black Hawk de la Policía Antinarcóticos aterrizó en la vereda Los Toros para evacuar a un grupo de uniformados que estaban siendo hostigados. Según el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el terreno había sido minado previamente con explosivos enterrados, los cuales fueron activados al momento del aterrizaje, descartando la hipótesis inicial de un ataque con dron. Entre las víctimas se encuentran el capitán Francisco Merchán, piloto de la aeronave, y el patrullero Jhonatan Jiménez Montoya, guía canino de 31 años oriundo de Medellín. Junto a Jiménez fallecieron sus perros Telmo y Léster, descritos por la institución como “héroes de cuatro patas”. El director de la Policía, mayor general Carlos Triana, lamentó la pérdida y extendió sus condolencias a las familias, calificando el suceso como “un día de luto para la nación”. En Bogotá se realizaron honras fúnebres para el capitán Merchán, con la presencia de altos mandos y del embajador de Estados Unidos. Las autoridades atribuyen la responsabilidad del ataque al Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y han ofrecido una recompensa de hasta 2.000 millones de pesos por alias ‘Chejo’ o ‘Alejandro’, señalado como cabecilla de la estructura. La comunidad de Amalfi respondió con una marcha por la paz para rechazar la violencia que azota la región.
Ataque a helicóptero en Amalfi cobra la vida de 13 policías y dos caninos
Un ataque atribuido a disidencias de las FARC en zona rural de Amalfi, Antioquia, resultó en la muerte de 13 uniformados de la Policía Nacional y dos caninos antiexplosivos. El hecho, que ocurrió durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos, ha sido calificado como una trampa mortal y ha generado una enérgica respuesta del Gobierno Nacional.



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Las autoridades sorprendieron a los sospechosos en flagrancia, incautando armas y munición durante el operativo.

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Hasta ahora, 16 niños muertos, ¿vendrán más? egutierrez Dom, 23/11/2025 - 08:43 Rodrigo López Oviedo Dom, 23/11/2025 - 08:43 Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. PUBLICIDAD Como si hubiera sido poca la preocupación que nos produjo el bombardeo ocurrido en el Guaviare, que dejó a 7 madres llorando la muerte de sus adolescentes hijos, hemos sabido después, por boca de la subdirectora de la fundación Pares, que ya antes, entre agosto y este luctuoso día, se habían producido tres bombardeos más con otros seis menores muertos, a los cuales habría que agregar los que pudieron caer en otras doce operaciones similares realizadas en este 2025.Estos hechos son aún más deplorables por haber sido ordenados por el presidente Petro, a quien vimos censurar hechos similares cuando fungía como congresista. No puede ser que ahora, gracias a un enroque presidencial, este tipo de hechos se hayan vuelto aceptables y que Petro los justifique con argumentos traídos de los cabellos, como el de que las víctimas de reclutamiento forzado son también “objetivos militares legítimos” y que como tal hay que tratarlos.Refiriéndose a este último bombardeo, dice el señor presidente que fue la respuesta a una emboscada en la que estaban en riesgo inminente de caer 20 soldados. Esta es una justificación difícil de creer, ya que por informaciones anteriores sabíamos que lo bombardeado había sido un campamento, y desde un campamento es muy difícil emboscar a nadie. Adicionalmente, tampoco es creíble que la emboscada fuera inminente, ya que entre la orden de bombardear y el bombardeo mismo transcurrieron tres días.Pues no, señor presidente, antes que bombas lo que requieren estos menores es que, a cambio de revictimizarlos a costa de su propia vida, se les reconozca como titulares del derecho a protección especial, lo cual obliga a que cualquier operativo militar que pueda afectarlos se preceda de un caudal suficiente de precauciones que eviten desenlaces como los que hoy lamentamos. La única razón que podría explicar su cambio de actitud, de supeditar la condición de víctimas del conflicto de estos menores a la de “objetivos militares legítimos”, es que esté cediendo a la exigencia de resultados militares que demanda la derecha.Señalemos finalmente una nueva preocupación, y es la de que, también por orden presidencial, los bombardeos continuarán, y esto nos coloca ante una disyuntiva: irnos acostumbrando pasivamente a ser testigos de que se sigan ejecutando, o rechazarlos desde las calles, ahora sin la venia presidencial e, incluso, contra su voluntad. La respuesta no puede ser otra que la de evitar convertimos en cómplices, como lo fuimos al permitir que 16 billones de pesos, que podrían servir para atender necesidades apremiantes, se hubieran destinado a la compra de aviones de guerra. Y guerra no es lo que necesitamos. Necesitamos paz.





