La medida aplica tanto a operadores nacionales como a aquellos que operan desde el exterior con usuarios en Colombia. Un aspecto técnico clave, celebrado por la industria, es que el Gobierno aceptó calcular el impuesto sobre el *Gross Gaming Revenue* (GGR), que se define como el monto total de las apuestas menos los premios pagados a los usuarios. Esta base gravable es considerada por la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) como un alivio, ya que la propuesta inicial en la reforma tributaria fallida pretendía gravar los depósitos de los jugadores, lo cual era visto como una "base artificial" que hacía inviable la operación legal. A pesar de este ajuste, Fecoljuegos advierte que la carga fiscal total, sumando el IVA y los derechos de explotación del 15 %, se situará cerca del 34 %, una de las tasas más altas a nivel mundial. El gremio teme que esta alta presión fiscal reste competitividad a los operadores legales frente a las plataformas ilegales e internacionales, que no tributan en el país ni ofrecen garantías a los usuarios, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector y los aportes que este genera para el sistema de salud.