El Gobierno justifica la medida argumentando la necesidad de corregir distorsiones tributarias, fortalecer el recaudo y evitar un trato preferencial para el comercio exterior frente al local. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), a través de su presidenta María Fernanda Quiñones, reconoció que la figura de *minimis* estaba siendo usada para eludir obligaciones tributarias, creando una "inequidad de cancha".

Sin embargo, la decisión ha generado controversia, especialmente para los consumidores que aprovechaban el beneficio para acceder a productos a menor costo.

Una de las polémicas se centra en las compras realizadas a finales de 2025 pero que llegaron al país en enero de 2026, ya que el impuesto se aplica en el momento de la nacionalización del producto, no en la fecha de compra. Según el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, esto representa un "juego sucio" para los consumidores que compraron bajo las reglas anteriores. El Gobierno espera recaudar cerca de $2 billones con este ajuste, que impactará a un sector cuyo tiquete promedio de compra se sitúa alrededor de los 50 dólares.